“¿Político yo? Jamás, yo soy honrado.” Frases como esta reflejan una idea negativa de la política, premisa que al ser llevada a un silogismo cotidiano hace que muchos ciudadanos y empresas privadas se alejen y pierdan interés por lo político. Sin embargo, irónicamente, esta separación provoca un sinnúmero de efectos negativos como vulneración de derechos, entrampamiento burocrático, afectación ambiental, extorsión administrativa, entre otros. ¿Es posible superar los argumentos expuestos de tal manera que la empresa privada se incorpore al desarrollo político y público? Sin duda es una pregunta difícil, dado que la confianza y el interés no se puede construir de la noche a la mañana; sin embargo, en este artículo esbozaré algunos aspectos sociales que tienen relación con las empresas y se convierten en una oportunidad para las mismas, a la vez que aportan con mejores condiciones para la sociedad en general.
De acuerdo a los resultados del 2018 de la Corporación Latinobarómetro[1], la percepción de progreso en la América Latina es la más negativa en los 23 años que se ha realizado este estudio; marcando un progreso neto de -8%. Si bien esta situación recaería en la gestión de los gobernantes, es importante recordar que dentro de un sistema democrático es responsabilidad de todos los integrantes. Sin dejar de lado la relación que existe entre la idea de progreso y el desarrollo económico, campos vinculados directa o indirectamente a las empresas latinoamericanas.
Este contexto se ve agraviado por la desconfianza que existe de parte de la ciudadanía, quienes en la misma encuesta de Latinobarómetro señalan que, además de tener escasos beneficios económicos, viven en un estado permanente de desconfianza, tanto entre ciudadanos, como hacia las instituciones públicas y privadas. Los indicadores marcan confianza interpersonal con apenas 14%; y en el caso de las instituciones públicas, ninguna supera el 45% de confianza (Fuerzas Armadas 44%; Policía 35%; Institución electoral 28%; Poder Judicial 24%; Gobierno 22%; Congreso 21%; Partidos Políticos 13%), salvo la Iglesia que tiene un apoyo de 63%, valor que decayó 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años.
Las instituciones privadas, aunque en mejor situación que las públicas, tampoco cuentan con niveles de confianza de parte de la mayoría de la población. (Medios de comunicación 44%; bancos 43%; ONG 39%; compañías nacionales 34%; compañías internacionales 34%; organismos internacionales 29%; sindicados 27%).
Tal generalización de desconfianza, está acompañada de un sentimiento creciente de apatía política de parte de la ciudadanía. Así, en el año 2.010 el 14% de la población consideraba que “a la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”. Cifra que para el año 2018 llegó al 28% de la población. Es decir que, una de cada cuatro personas expresa apatía ante el sistema de gobierno democrático. Este panorama empeora, si se considera que el 79% de latinoamericanos afirma que “se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
Lamentablemente, la apatía política supera la percepción y abona a una sociedad que reproduce el desinterés y la desconfianza, convirtiéndose en el caldo de cultivo ideal para hablar de una sociedad anómica. Es decir, una sociedad en la que no se cree en normas, ni reglas básicas de regulación individual, ni convivencia social. El resultado, el Estado fallido, la justificación para que cada persona trate de sobrevivir de la manera que crea conveniente, sin garantías de protección por parte de las autoridades, ni instituciones. Es verdad, se pinta un panorama catastrófico, distópico, caótico; sin embargo, hay más consideraciones. En la actualidad se la principal preocupación de la ciudadanía se da por la inseguridad y la situación económica de las personas (Ver página 5 informe 2018 Latinobarómetro).
“Si no trabajo, no como” es una frase común que se repite en grupos focales en varios países de América Latina y justifica el desinterés frente a la política. Más allá de la crudeza de la expresión, refleja una situación en la que prima la subsistencia individual, casi supervivencia, además de que justifica la precarización de la economía y la sociedad. Sentimiento que alimenta la anomía descrita y que también se relaciona con un entorno de supervivencia que generaliza cada vez más la delincuencia y la impunidad del continente. Así lo refleja el Índice Global de Impunidad 2017, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) que además agranda el círculo vicioso en el que los “altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, problemas de Estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos”[2].
Claro que es legítimo tener múltiples intereses, expectativas, preocupaciones, e incluso prejuicios dentro de cualquier sociedad. Siempre y cuando se enmarquen en unas reglas básicas de convivencia, que deberían estar garantizadas por el Estado. El inconveniente viene cuando tales garantías no pueden ser respaldadas y para la atención de las mismas nos encerramos en los síntomas, sin discutir abiertamente el rol y la responsabilidad que tiene cada integrante de la sociedad. Justamente aquí, cabe la reflexión sobre el aporte que puede tener la empresa privada para contribuir al desarrollo de las democracias en América Latina. Aporte que no puede estar enmarcado en sustituir obligaciones del Estado, sino en la colaboración para fortalecer el tejido social y a la par obtener beneficios en relación a sus actividades empresariales.
Ser bueno es buen negocio.
Si alguno de mis clientes privados o corporativos me consulta sobre su intención de vincularse a temas públicos o políticos, la recomendación general debería ser: no vincularse jamás a temas negativos. Por fortuna, y con las herramientas adecuadas (consultoría política), sí existe la posibilidad de que las empresas fortalezcan la responsabilidad social y la imagen corporativa, convirtiéndose en agentes que aportan al desarrollo local de sus entornos. Así en 2015, las Naciones Unidas con el respaldo de todos los países miembros, planteó objetivos globales para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la búsqueda de prosperidad en el marco de una agenda de desarrollo sostenible. Para ello se establecieron objetivos y metas a cumplirse hasta el año 2030. ¿Qué tiene que ver esto con las empresas?, mucho, dado que se considera la intervención de la sociedad en su conjunto, considerando al sector privado como un aliado clave para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En la actualidad las empresas no sobreviven por el simple hecho de realizar un buen trabajo, ni por vender un producto o servicio únicamente. Su relación se amplía a la interacción con sus públicos de interés: localidad, clientes, posibles clientes, proveedores, e incluso autoridades de control. Relación que garantiza el incremento de su reputación frente a mercados globales cada vez más competitivos.
Pensar más allá de los clientes genera un efecto de reputación positiva. Puesto que fortalece la experiencia con la empresa a través del reconocimiento de todos los que la conforman, desde el frente directivo hasta quienes tratan estrechamente con los clientes. Así, todos reproducen los valores de la empresa tanto en palabras como en acciones. Aquí, radica la importancia de la comunicar en primer lugar a todo el personal de la empresa, para asegurar la difusión de un mensaje armónico que se transmite de adentro hacia afuera.
Las empresas tienen la oportunidad de alinear sus intereses y objetivos a temas públicos, a través de acciones que no se limitan a aspectos propios de la organización (planificación, acción, evaluación, mejora), ni se centran exclusivamente en la comunicación. De hecho, lo que debe procurar una empresa moderna es asegurar la posibilidad de generar experiencias especiales, que van más allá de la oferta de bienes y servicios[3].
Ventajosamente, los ODS brindan alternativas para potenciar tales experiencias, de tal manera que el sector privado desde lo local tiene la posibilidad de establecer estrategias de acercamiento a la sociedad, lo cual, además de contribuir con las metas de desarrollo, fortalece su reputación con diversos grupos de interés, aún por fuera de su mercado potencial.
Más allá de la aplicación de recomendaciones generales para adaptarse a los 17 ODS y a las 169 metas definidas en el 2015; el sector privado puede escuchar a su comunidad inmediata y mediata, al punto que le sea factible evaluar periódicamente los temas que decida implementar. Es fundamental el tema de la escucha, puesto que implica la conversación real con los grupos de interés, acción que se logra a través de la aplicación de técnicas de investigación y que permiten la expresión de los interesados en las diversas temáticas.
Intervenir en lo público, va de la mano con la identidad y el reconocimiento de la empresa. En teoría, mientras más grande es la empresa, mayor es su posibilidad de influencia. Sin embargo, mucho depende de la definición de los objetivos iniciales, puesto que hay empresas locales que generan simbiosis con sus comunidades (no solo consumidores) y a partir de ello, inciden en temáticas específicas. (Deporte, música, cultura, desarrollo local, protección y recuperación ambiental, etcétera).
Este tipo de intervenciones requiere situarse en un contexto político, que tiene relación con la estructura de la empresa. El resultado final es un aporte real que mejorara las condiciones de vida de su sector de incidencia, fortalece el tejido social, e incrementa la reputación empresarial. Esta es sin duda una alternativa para construir confianza e interés en lo público, superando la idea de la política negativa, para señalar objetivos claros que incluso pueden exigir mejores políticas públicas y el ejercicio de derechos que eviten los problemas expuestos. Sí es posible vincular responsablemente a las empresas privadas al desarrollo político y público, la siguiente pregunta es: ¿Cuándo empezamos?
[1] Estudio sobre percepción de democracia realizado en 18 países de la región. http://www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_LATINOBAROMETRO.pdf
[2] https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf
[3] Muchas empresas ofrecen el mismo bien o servicio, lo que las diferencia es la experiencia del consumidor
