“El contrato social” escrito en 1762 por Jean-Jacques Rousseau, acertadamente afirma que: "Lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta y que puede alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuando posee."
Esa teoría promulga que las personas viven juntas en la sociedad siguiendo un contrato que instaura las reglas del comportamiento moral y político. A su vez, algunos pensadores creen que, si se vive respetando un contrato social, entonces, se puede vivir moralmente por voluntad propia y no porque así lo dicte un ser divino.
De lo anterior se desprende la obligación que cada persona tiene de vivir respetando las leyes, con actitud de aceptación de la civilidad en el trato con los demás, dentro en una comunidad. Haciendo posible la protección y garantías al individuo en un estado de derecho. Generando, por lo tanto, la confianza suficiente que garantiza certidumbre para todos.
El contrato no solo establece la relación con los derechos y deberes de los ciudadanos, también presupone el consenso que parte de la premisa de que todos estamos de acuerdo con el contenido del contrato social, y en virtud de lo cual admitimos la existencia de unas reglas establecidas en la Constitución, la normativa que establece la existencia y competencias de la autoridad, las normas morales a las que nos sometemos por voluntad, siendo entonces, el pacto social una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social.
En paralelo, si recurrimos a la definición clásica de lo que es la ciudadanía y que describe el diccionario de Oxford el cual la señala como:” Condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado.” Esta definición frecuentemente está ligada al Derecho, primordialmente a los derechos políticos, sin los cuales las personas no pueden intervenir en los asuntos del Estado.
En consecuencia, si las personas tienen derechos y deberes, se plantea entonces un equilibrio que todo ciudadano debe practicar, sin embargo, la tendencia en las últimas décadas es que los ciudadanos exigen sus derechos, -lo cual es lógico- pero, en ocasiones se olvida del cumplimiento de los sagrados –deberes-, y es aquí donde las democracias comienzan a debilitarse, puesto que, cuando no se cumple con el deber de cuidar y fortalecer la democracia las sociedades caen en el populismo con su complicidad.
Dicho de otra manera, cuando no se ejercen los derechos, estos se van perdiendo. Un caso muy gráfico está en la abstención en los procesos electorales. Cuando los ciudadanos se abstienen le están abriendo las puertas para que dirigentes populistas y autócratas tengan la oportunidad de llegar al poder pues requieren de menos votos.
Cuando los ciudadanos se desentienden de lo público, -y lo público les pertenece a todos-, pues “alguien” se va a ocupar de lo público, pero quizás lo haga pensando en sus propios intereses y no necesariamente en los intereses colectivos.
Cuando la gente no participa en los debates y discusiones sobre los temas de interés comunes, entonces quienes han llegado al poder para servirse de él y no para servir a los demás, sencillamente tiene vía libre para satisfacer sus apetencias; y más grave aún, cuando el ciudadano se desentiende del ejercicio de sus derechos, puede terminar por tener que aceptar las restricciones a sus libertades o la imposición de normas restrictivas de su propio desarrollo y crecimiento.
Igualmente, cuando los ciudadanos dejan de lado el cumplimiento de sus responsabilidades como, por ejemplo, el de ser vigilantes de las acciones que los gobiernos y parlamentos desarrollan, cuando no realizan contraloría social sobre las ejecuciones de estos, están permitiendo un área gris sobre la cual esos pocos dirigentes que van a servirse lo hagan con la cuchara grande y se llenen de privilegios a costa de las necesidades de muchos.
En conclusión, es notorio -y así lo reflejan múltiples estudios de opinión pública- que los ciudadanos -fundamentalmente en nuestra región- están insatisfechos con el actuar de los partidos políticos, de los gobiernos y por ende de las democracias, por lo cual las preguntas de rigor que deben hacerse son: ¿qué está haciendo el ciudadano para revertir esa situación?, ¿pretende el ciudadano que las cosas mejoren mientras él no ejerce sus derechos e incumple sus responsabilidades?
Quizás ya sea tiempo de que pensemos y actuemos en consecuencia, si es que queremos dejarles un mejor mundo a nuestros hijos. O dicho de mejor manera, unos mejores ciudadanos para un mundo más justo y solidario.
