Se estima que la valuación de mercado de las criptomonedas es de $2,400 millones de dólares; no obstante, han perdido aproximadamente 60% de valor en lo que va del presente año, lo que ha provocado que los reguladores y principales autoridades financieras se hayan manifestado a favor de la regulación de dichos activos.
Autoridades tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronuncian a favor de que se aclare el estatus regulatorio de las llamadas “finanzas descentralizadas” (i.e. sin intermediarios financieros). El objetivo de la regulación es evitar que se evadan impuestos, además de prevenir actividades delictivas tales como el lavado de dinero a nivel internacional.
Lo anterior puede tener dos puntos de vista distintos:
- La intensión de la autoridad por mantener una trazabilidad del origen y destino de los recursos, con el fin de evitar violación a las leyes fiscales y combatir el lavado de dinero y financiamiento de agrupaciones delictivas.
- La protección de los inversionistas insipientes que han entrado al ecosistema cripto con el fin de rentabilizar sus inversiones o simplemente por “FOMO” de no estar en el medio que todo el mundo habla.
Es cierto que uno de los objetivos originales de la creación de las criptomonedas era mantener la confidencialidad y anonimato de sus usuarios; no obstante, la falta de educación financiera en la materia aunado a los materiales con contenido viral que no informan de manera adecuada y solo promueven la compra de estos activos con el fin de pertenecer al movimiento de moda, han provocado que miles de personas que desconocen los beneficios además de los riesgos implícitos en este tipo de activos inviertan cantidades relevantes de su patrimonio e inflen artificialmente el valor de cotización de los activos.
En este sentido, el Banco de México considera necesario que existan reglas claras que tengan como objetivo prevenir el uso de activos virtuales en actividades tales como el lavado de dinero y el combate al financiamiento, así como reglas que busquen la protección de los consumidores. Derivado de las atribuciones que le otorga la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), ha emitido regulación que busca la consecución de estos objetivos.
Un fragmento de la regulación establece lo siguiente:
“Es importante destacar que, a pesar de que las ITF o IC no estén autorizadas para ofrecer al público en general operaciones con activos virtuales, esto no implica que otras empresas distintas a éstas no puedan ofrecer servicios relacionados con activos virtuales. Tal es el caso de las casas de cambio de activos virtuales que ofrecen el servicio de compra-venta de activos virtuales al público, las cuáles, siempre y cuando no realicen actividades de captación o custodien recursos en moneda nacional o divisas de sus clientes, podrían continuar ofreciendo sus servicios. De esta forma, en México se podría acceder a los servicios de compra-venta de activos virtuales bajo el riesgo de quien decida realizar dichas operaciones y con la claridad de que no están respaldados por alguna institución financiera.”
En conclusión, aun es muy verde lo que se esta haciendo en el mundo respecto a la regulación de los activos virtuales o criptomonedas; sin embargo, es de suma importancia fomentar educación financiera al respecto para evitar que el patrimonio de los inversionistas o usuarios de dichos activos, puedan sufrir una minusvalía importante debido a la desinformación de los riesgos inherentes a estos activos.
